Es —o debería ser— una obligación del Estado con millones de trabajadores que sobreviven entre la inflación, el alza de los alimentos y los servicios públicos que no dan tregua.
Se vendió como una medida para proteger el bolsillo y la dignidad de cada trabajador y trabajadora de Colombia. Y sí, en el discurso suena impecable: justicia social, trabajo digno y equidad. Pero la pregunta incómoda es otra:
¿Será suficiente frente al costo real de la vida en ciudades como Medellín, Bogotá o Cali? ¿O terminará diluido entre impuestos, tarifas y el encarecimiento del mercado?
El #SalarioVitalSeDefiende porque ningún colombiano que trabaje ocho o más horas al día debería seguir viviendo en condiciones precarias. Porque la dignidad no puede depender del rebusque. Porque el empleo formal no puede seguir siendo sinónimo de angustia financiera.
Pero también se vigila. Porque no basta con decretar: hay que garantizar que el aumento no se lo traguen la especulación, los abusos empresariales ni la falta de control del Estado.
El salario vital no puede ser una consigna política; tiene que convertirse en una realidad palpable en la mesa de cada hogar colombiano.
Aquí no se aplaude por decreto. Se evalúa por resultados.
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