BITÁCORA CRÍTICA PUNZANTE Y SIN TAPUJOS
Tras más de cuatro horas de deliberación, concluyó la Mesa de Concertación Extraordinaria convocada para revisar la modificación del salario mínimo en Colombia, un tema que vuelve a tensar la relación entre justicia social y sostenibilidad económica.
Por ahora, el incremento del 23,7 % continúa vigente mientras se cumplen los plazos fijados por el Consejo de Estado para la expedición de un nuevo decreto.
Durante el encuentro quedaron expuestas las fracturas estructurales entre el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales:
📌 Las centrales obreras defendieron el aumento, calificándolo como un derecho adquirido, legal y constitucional, en un contexto donde el costo de vida sigue presionando los ingresos reales.
📌 Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) insistieron en que el nuevo decreto debe expedirse bajo las mismas condiciones del Decreto 1469 de diciembre, preservando el 23,7 %.
📌 Fenalco manifestó su desacuerdo, alertando sobre riesgos para el empleo formal y la supervivencia de las microempresas, aunque aclaró que acatará la decisión final si el aumento se mantiene.
Hechos y Comentarios
El país queda en suspenso. La discusión ya no es únicamente técnica: se ha convertido en un pulso político y social entre la redistribución del ingreso y la capacidad real del aparato productivo.
Crítica punzante y sin tapujos
Mientras el trabajador celebra un alivio inmediato, el pequeño comerciante teme cerrar sus puertas. El Gobierno, atrapado entre ambos, deberá decidir si gobierna con el termómetro social o con la calculadora económica.
Argumentación y análisis profundo
El incremento del 23,7 % rompe con la lógica incremental histórica y redefine el debate salarial en Colombia. Si se mantiene, podría mejorar el poder adquisitivo en el corto plazo; si se ajusta, evidenciará los límites estructurales del modelo laboral vigente.
El país permanece a la expectativa de la decisión que adopte el Ejecutivo en los próximos días.
⚠️ Información con base en declaraciones públicas de las partes involucradas. El contenido tiene fines informativos.
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